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Periodismo impreso, poderes y violencia en Veracruz 2010-2014. Estrategias de control de la información1

Journalism, power and violence in Veracruz 2010-2014. Control information strategies

Celia Del Palacio Montiel2

 

El presente artículo pretende describir y clasificar las estrategias para el control de la información sobre violencia, ejercidas sobre los periódicos impresos y digitales del estado de Veracruz, lugar que las asociaciones internacionales de periodistas han calificado como el lugar más peligroso para ejercer el periodismo, y donde existe también uno de los regímenes subnacionales más autoritarios de México.

 

Palabras clave: Periodismo en México, violencia, estado de Veracruz, libertad de expresión, censura.

 

 

This article´s intention is to describe and clasify the control strategies of the state government of Veracruz, over the information on violence. Veracruz has been defined by International Journalists Associations as the most dangerous place for journalists, and where one of the most authoritarian subnational regimes in Mexico is still in office.

 

Key words: Mexican journalism, violence, state of Veracruz, freedom of speech, censorship.

 

El presente artículo propone un primer acercamiento a las formas de silenciamiento de los medios de comunicación en Veracruz, en particular del periodismo impreso y digital por parte del poder político estatal, en los años de 2010 a 2014, en lo relativo a los hechos de violencia no solo relacionados con el crimen organizado. Este trabajo es un resultado inicial y parte del proyecto citado sobre medios de comunicación y violencia en Veracruz. Aquí se hará una revisión de las relaciones entre periódicos impresos y poder político en Veracruz durante el periodo
de estudio, las cuales han dado como consecuencia un creciente silencio en torno a los hechos de violencia en el estado, por una parte, y por otra, el ejercicio de la violencia contra los periodistas y la impunidad.

 

¿Por qué Veracruz?

 

Veracruz es el estado mexicano más peligroso para ejercer el periodismo. Así lo han expresado en diferentes fuentes las asociaciones internacionales de defensa de los periodistas como Reporteros Sin Fronteras (rsf) y Artículo 19. Entre diciembre de 2010 y enero de 2015, en Veracruz murieron 12 periodistas, 4 desaparecieron y un número indeterminado de ellos se han autoexiliado ante las amenazas de los grupos de poder, sin que ninguno de dichos ataques haya sido esclarecido de manera satisfactoria hasta la fecha. La muerte, el 28 de abril de 2012, de la corresponsal de la revista nacional Proceso y periodista crítica al régimen, Regina Martínez, así como los más recientes asesinatos, el de Gregorio Jiménez en los primeros meses de 2014 en Coatzacoalcos y el de Moisés Sánchez en enero de 2015 en Medellín, han incidido de manera directa en el silencio de los periodistas.

La guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) causó un repunte en la violencia en buena parte del país, particularmente en lo que se refiere a los delitos contra la libertad de expresión (Artículo 19, 2013; Del Palacio, 2013), y hasta la fecha, los cambios en la estrategia del nuevo presidente Enrique Peña Nieto no pueden ser valorados todavía a cabalidad.3

En este contexto es fundamental hacer un análisis de las relaciones (clientelares) de los medios de comunicación con los poderes constituidos y fácticos,4 ya que estas obedecen a reglas no escritas y se desarrollan de manera distinta a los medios de otras partes de México,5 en un estado donde opera uno de los regímenes subnacionales más autoritarios del país.6

El periodo de estudio propuesto coincide con los años transcurridos desde la asunción al poder del actual mandatario Javier Duarte de Ochoa, y en particular, con el ejercicio de las funciones de Georgina Domínguez, directora de Comunicación Social del gobierno de Veracruz, quien ejerció su encargo con mano dura, repartiendo pan y palo a los medios de comunicación en el estado hasta su salida en febrero de 2014, tras la muerte del periodista Gregorio Jiménez.

Por otro lado, las condiciones que presenta Veracruz no son tampoco privativas del estado. Es posible afirmar que lo que ocurre en Veracruz constituye un ejemplo de lo que ocurre en otras entidades que se enfrentan a gobiernos autoritarios o poderosos grupos delincuenciales que han impuesto silencio. El estudio de las condiciones en que se ejerce el periodismo en Veracruz y las representaciones de la violencia en los diarios impresos y digitales de la entidad, así como las estrategias de control ejercidas sobre ellos, puede aportar luces sobre las condiciones y consecuencias de estas prácticas en otros lugares del país. Se han realizado pocos estudios sobre el estado en que se ejerce el periodismo en las regiones de México, más allá de la capital del país y de ciudades como Guadalajara o Monterrey. Es por ello que se torna fundamental intentar describir, explicar, analizar, lo que ocurre en otros contextos.

 

¿Cómo hacerlo?

 

Existen muy pocos acercamientos teóricos a un problema tan serio como es la relación entre medios y violencia en México. Se han escrito ya algunas tesis de posgrado que han hecho aportaciones útiles, pero al parecer los estudios sistemáticos han sido rebasados por los hechos. La información actualmente se encuentra en artículos periodísticos en un nivel muy descriptivo y los informes que se han publicado no son resultado de investigaciones académicas, sino periodísticas, muchas de ellas de gran calidad. No ayuda el hecho de que en Veracruz no se cuenta con estadísticas mínimamente confiables y muchos de los datos indispensables se mantienen bajo reserva, como es el caso de los convenios gubernamentales con medios de comunicación. Finalmente, es preciso hacer explícita la dificultad para analizar hechos que ocurren en el presente inmediato, en un contexto que está cambiando a gran velocidad.

En este trabajo se comparte el acercamiento que hacen Gómez y Rodelo (2012), quienes definen la violencia mediática como “…aquellos actos de agresión (en su mayoría intencionales) que se transmiten o publican en los medios de forma textual, sonora, gráfica o audiovisual” (p. 321).

En el caso de Veracruz, partimos de que en los medios existen diferentes y desiguales construcciones y representaciones de la violencia, donde se toma a la información como mercancía, por un lado, pero ante todo hay que decir que la información sobre seguridad pública y violencia está mediada y controlada por diversos grupos de poder económico y político.7 En el presente artículo se describirán y clasificarán algunas de las estrategias de control de la información sobre violencia que se han ejercido en los últimos cuatro años por parte del gobierno del estado. Para ello, se realizó un análisis cuantitativo8 de las noticias contenidas en la sección de
nota roja de los dos principales periódicos de la capital de Veracruz: Diario de Xalapa y az,9 además de tomar ejemplos de notas referidas a hechos de violencia específicos en periódicos tanto impresos como digitales del estado.10 También se llevó a cabo un seguimiento de las notas que refieren a hechos de violencia contra los periodistas de Veracruz publicadas entre 2010 y 2014 en periódicos nacionales y portales digitales.11 Así mismo, fueron realizadas entrevistas semiestructuradas a 15 periodistas12 de cinco de las principales ciudades de Veracruz.13 Finalmente, se incluyen aquí

los resultados de una batería de preguntas referidas al consumo de medios dentro de la Encuesta Capital Social Veracruz 2011 (Centro de Estudios de Opinión, 2011).

 

Dos características del estado

 

Hasta el momento es posible adelantar los primeros datos, ya que el problema es sumamente complejo y no podrá entenderse más que después de un análisis minucioso de dos características particulares del estado que solo podrán describirse brevemente aquí: descentralización mediática y relaciones de dependencia de los medios de comunica-
ción con los poderes constituidos y fácticos:

 

1. Descentralización. Veracruz es un estado muy descentralizado cuyas dinámicas socioeconómicas han favorecido la existencia de ocho ciudades medias. Estas dinámicas poblacionales y económicas han formado mercados diferenciados: no hay un solo medio estatal, sino muchos regionales, lo cual exige hacer una diferenciación minuciosa e impide caracterizar al periodismo veracruzano como un fenómeno homogéneo. Los informes que se han presentado en los últimos años sobre ataques a la libertad de expresión en Veracruz no siempre toman en cuenta las diferencias regionales.14

2. Relaciones medios-poderes. Los lazos de dependencia de los medios en relación con los poderes político, económico y ahora con la delincuencia organizada a lo largo de la historia reciente en Veracruz, se han traducido en control de la información a través de la censura, intimidación y cohecho. Es importante entender que estas prácticas periodísticas de sumisión no son la excepción, sino la regla en un contexto autoritario como Veracruz. No ha existido en el nivel estatal la alternancia en el régimen político –desde hace más de 70 años ha gobernado el Partido Revolucionario Institucional

(pri)– y las prácticas mediáticas obedecen a una cultura muy arraigada de sometimiento a (o colusión con) el poder.15 Las condiciones económicas particulares del estadoigualmente muy relacionadas con un histórico paternalismo estatal– han dificultado el establecimiento de empresas mediáticas de gran envergadura y en los casos de las empresas existentes, sus relaciones con el poder político son de dependencia, lo cual ha limitado la libertad de expresión: la información que se publica está sujeta en gran medida a dichas relaciones. Los periódicos no sobreviven de la publicidad de empresas privadas ni de las ventas en un estado donde hay pocos lectores; sin embargo, no se trata solamente de la necesidad de recurrir al gobierno como vía de supervivencia, sino de una política de negocios de algunos medios marcada por la colusión, que lejos de desaparecer, se ha fortalecido a través de los años.16 Esta cultura política todavía vigente favorece la existencia de periódicos “sin lectores”, impresos para ganar favores políticos a través de insultos o alabanzas al gobernante en turno. Aunque existe otro tipo de periódicos de presencia fuerte y prestigio añejo, tampoco tienen una independencia informativa real.17 No hay en Veracruz más de tres periódicos que puedan decir que no dependen de los contratos de publicidad con el gobierno del estado.18 Esta situación se repite en el ámbito digital: existe una gran cantidad de periódicos digitales con las mismas características, los cuales aparecen en tiempos electorales con jugosos financiamientos19 y desaparecen cuando los recursos oficiales merman. Esto ha definido las relaciones de clientelismo histórico de muchos periodistas con los poderes fácticos, que impiden ver en blanco y negro a héroes contra villanos. Lo que expresan Martínez, Barrera, Perafán y Martínez (1994); Orozco (2007) y Trejo (1995) sobre las “paradojas” o limitaciones a la libertad de expresión (escasez de lectores, discrecionalidad en convenios, presiones diversas), sigue siendo operativo en Veracruz. Esta manera de relacionarse ha tenido su expresión clara en los años recientes, y en particular para el tema que nos ocupa, en las estrategias de negociación
que se establecieron a partir de la información sobre seguridad en las secciones policiacas, entre periodistas, miembros del crimen organizado y autoridades.

 

Silencio y violencia

 

En Veracruz los medios han dejado de difundir información sobre hechos violentos, sin hacerlo explícito: noticieros de televisión dedicados a este tipo de información han desaparecido y las secciones de nota roja de los periódicos han ido adelgazando lentamente, llenándose de anuncios a página entera o de información de otros estados de la República.

 

Estas decisiones editoriales, son resultado de las presiones provenientes de grupos de poder, tanto de grupos del crimen organizado como de las
autoridades al encontrar en la prensa una vía para implementar y difundir sus propias estrategias de comunicación (y propaganda) con tácticas de amedrentamiento (Artículo 19, 2013, p. 21).

 

En el caso del estado de Veracruz, la violencia tuvo un repunte drástico en el año 2011.20 En particular, la violencia asociada al narcotráfico que en 2010 se concentraba en los municipios del norte del estado, como Pánuco y Poza Rica, en los inicios de 2011 (los primeros meses de la administración de Javier Duarte) avanzó hacia Veracruz-Boca del Río y Xalapa (Martínez & Carrasco, 2011).

Los medios de comunicación no informaron sobre dicha violencia, o lo hicieron de manera tendenciosa y/o parcial, diciendo que eran enfrentamientos entre los grupos delictivos, ocultando el número de muertos, etc. Las instituciones gubernamentales no dieron a conocer entonces los hechos de violencia que se vivieron y hasta enero de 2015 el gobernador seguía reiterando que en el estado no pasaba nada.21 En un estado que ocupa el sexto lugar en denuncias de secuestros (24, en los dos primeros meses de 2014) (Zavaleta, 2014) existe un casi completo control del gobierno estatal sobre la información que circula en los medios, particularmente sobre violencia, sea del fuero común o aquella relacionada con el crimen organizado. Es importante señalar, sin embargo, que esta información tiene variaciones importantes dentro del estado: en la capital, Xalapa, las notas sobre estos temas son cada vez más escasas e incluso en ciertos periódicos impresos como az, las notas sobre violencia local casi han desaparecido.22

En Poza Rica y Coatzacoalcos, e incluso en el puerto de Veracruz, la información de temas de seguridad sigue siendo abundante (aunque no variada ni a profundidad: accidentes, riñas, violencia intrafamiliar) a través de periódicos populares como Órale! Notisur y Notiver, mientras que en la capital del estado no circula ningún tabloide dedicado a la información policiaca. El breve intento de publicar Reporteros Policiacos en 2012, acabó con la trágica muerte de su director, Víctor Báez Chino, en junio de ese año. Esto constituye un caso de lo que Gibson ha llamado “boundary control” (Xalapa) dentro de otro “boundary control” (Veracruz) (Gibson, 2012) o que bien podría llamarse “lo que pasa en Veracruz se queda en Veracruz”.

Como ha ocurrido en otros lugares, Veracruz se convirtió en buena medida en un “agujero negro” de donde se ha procurado que no salga o entre información sobre violencia ocurrida en el estado.23

 

El rumor y las redes sociales

 

En este contexto de silenciamiento de los medios, el rumor tiene un caldo de cultivo inmejorable. Mientras que prevalece la falta de información en los medios, la demanda por parte de los consumidores se incrementó, particularmente en los años 2011-2012, cuando eran frecuentes las balaceras y los fuegos cruzados en ciertas zonas del estado. Los rumores se expresaron y proliferaron a través de Internet. Según las encuestas, una cantidad significativa de personas son usuarias de las redes sociales en Veracruz y este número ha tenido un crecimiento sostenido.24

Así como ha ocurrido en otras ciudades del noreste del país, en Veracruz las redes sociales (Facebook y Twitter) han sido una fuente alternativa de información –a veces la única posible– pero también han funcionado como magnificadoras de los rumores que circulan boca a boca. Y las autoridades, frente a los rumores, han tratado de ejercer
acciones de control contundentes. La más grave fue la ejercida contra dos tuiteros en 2011, quienes fueron apresados por esparcir rumores sobre violencia. En septiembre de 2011 se modificó el código penal estatal para tipificar el delito de perturbación del orden público.25 A pesar de no haber sido aplicada nunca y de haber sido anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2013 (“Corte invalida Ley Duarte que condenaba a tuiteros en Veracruz”, 2013), este hecho sí afectó a la libertad de información, propiciando un clima de temor en el estado.

Sostenemos, junto con Artículo 19 (2013), que la incertidumbre que se causó a raíz de este caso no fue responsabilidad absoluta
de quienes hicieron circular los rumores, y por supuesto no es culpa de la interconexión entre los ciudadanos, sino de la falta de información y credibilidad de las autoridades.

 

Estrategias de control

 

A continuación se explican algunas de las estrategias de control sobre la información, particularmente la relativa a temas de seguridad, que han ejercido los poderes constituidos (en especial el gobierno del estado) y fácticos (crimen organizado, otros actores) en Veracruz. Estas estrategias pueden llamarse también censura y, en ese sentido, pueden adaptarse a las tipificadas como censura por Chalaby (2000): legal, administrativa, violenta y económica. Una de estas estrategias de control es la promulgación de leyes, no para favorecer, sino para coartar la libertad de expresión, como hemos visto. Otra, la más brutal, es el ejercicio de la violencia26 contra los periodistas y los medios, expresada en agresiones verbales y físicas, demandas, intimidación y hasta la muerte. Es importante notar que según Artículo 19 en Veracruz, tanto en los años anteriores como en 2012 y 2013, el principal agresor de los periodistas fue el gobierno (estatal y municipal); sin embargo, las precarias condiciones laborales y las presiones gubernamentales ejercidas sobre los periodistas a través de los propios directivos de medios benefician esta situación, ya de por sí precaria, debido a condiciones laborales desfavorables para los periodistas. Aquí es importante señalar que esta violencia ejercida contra los periodistas debe verse como una parte de la violencia general (Waisbord, 2002); así mismo, como afirma Nordstrom (1997), dicha violencia es culturalmente construida y no puede verse como algo externo a una sociedad determinada. También se ha utilizado el premio,27 así como la estrategia que hemos llamado “de saturación”, produciendo una gran cantidad
de información basura para ocultar lo verdaderamente relevante y favoreciendo la existencia de muchos medios que repiten la información generada por las autoridades para simular libertad de expresión. Todo ello ha propiciado la existencia de lo que Rodelo (2009) ha llamado “periodismo precavido”, cuyas principales características son: anónimo, pragmático, ético, oficial, intuitivo e inexperto. Aquí hablaríamos de un grado más: “el periodismo temeroso”.

 

Violencia hacia los periodistas

 

Los periodistas veracruzanos han sufrido ataques a lo largo de la historia, sin embargo la cantidad y virulencia de dichos ataques a partir de 2005 y especialmente entre 2011 y 2012, han conducido a que Veracruz haya sido considerado como el lugar más peligroso para ejercer el periodismo. En Veracruz, entre 2007 y 2013, se documentaron 10 asesinatos y 27 amenazas (Artículo 19, 2014a). Esto contrasta con las cifras de 2004, cuando Veracruz registró 5% de las agresiones.28 Éstas van desde agresiones verbales, intimidaciones, hasta el asesinato. Entre diciembre de 2010 y enero de 2015, 12 periodistas en Veracruz han perdido la vida; 4 han desaparecido en el mismo periodo; 13 aunque se sospecha de muchos otros, han sido despedidos por causas atribuibles a su enfoque particular de informar; 12 medios de comunicación han sufrido ataques –ya sea físicos, hackeos electrónicos a sus páginas o amenazas–; han ocurrido por lo menos 50 agresiones documentadas que han afectado a alrededor de 60 periodistas, ya sea verbales, físicas, amenazas o privación de la libertad. Finalmente, aunque se ha hablado de más de 30, por lo menos 25 periodistas tuvieron que exiliarse del estado por temor a represalias; algunos de ellos han vuelto, otros permanecen fuera (Del Palacio, 2014). La impunidad prevalece en el estado en lo que se refiere a la resolución de estas agresiones, en particular en los asesinatos de los periodistas. El gobierno estatal ha intentado “dar carpetazo” a los procesos inculpando a personas antes de concluir las indagatorias o recurriendo a la tortura. Peor aún, se criminalizó a las víctimas y se ha intentado desprestigiarlas a toda costa. Se aprovechó la muerte de los periodistas, en particular la de Regina Martínez, para filtrar información y hacer correr el rumor de que las vidas de otros periodistas corrían peligro.29

A la violencia ejercida contra los periodistas hay que sumar las presiones gubernamentales que se ciñen sobre ellos a través de los propios dueños de las empresas: a) despidos injustificados; b) ser cambiados de fuente de información sin explicación; c) que se maneje la información a “modo” y “gusto”, de la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Estado; d) que se “bajen” notas que hagan quedar mal al gobierno de los portales informativos.

Todas esas formas de violencia y presión, tienen como contexto la precariedad laboral cotidiana: a) no profesionalización; b) salarios bajos; c) no seguridad laboral ni asistencia médica; d) inexistencia de protocolos de seguridad; e) no exclusividad laboral (deben trabajar para varios medios) (De León, 2012). Todas estas características estaban contenidas en el décimo periodista asesinado: Gregorio Jiménez (Misión de Observación de Periodistas, 2014).

 

Cohecho, “chayote”, “subvención”, coima o embute

 

El método de control de la información más socorrido en Veracruz es el cohecho. El famoso “chayote” o su apócope “Chayo”, que se ha utilizado en las administraciones gubernamentales del siglo xx en el nivel nacional y estatal, en Veracruz toma visos de escándalo en las dos últimas administraciones (Bustos, 2013; Mar, 2012; Ortega, 2012). Este adquiere diversas formas:

 

1. Los convenios publicitarios. Una manera pseudolegal de brindar estos favores son los convenios de información que otorga el gobierno del estado de manera discrecional y secreta a los medios. La World Association of Newspapers ha llamado a esta práctica “censura sutil o censura indirecta” (Ruelas & Dupuy, 2014, p. 6). En el caso de Veracruz, la información se maneja de manera oculta a través de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado.30 La secrecía de los convenios publicitarios con los medios está ilegalmente protegida por las leyes estatales.31 Para el año 2013:

 

De manera extraoficial se habla de 2 mil millones de pesos anuales entregados a medios de comunicación … El gobierno se vuelve cliente del medio y los dueños y directivos dejan de entender que la venta de publicidad implica el espacio aire y no la línea editorial. Y en este estado, el hecho que el gobierno sea cliente de un medio, implica que tiene que controlar la línea editorial (Gamboa citado en Martínez, 2013).

 

No solo los directivos toman parte en esta negociación, sino los propios periodistas, en particular los columnistas y articulistas destacados que tienen a su cargo, además de escribir para el periódico, la actividad de vender publicidad a los actores políticos y económicos, con un porcentaje de beneficio para ellos. Los periodistas no sienten que su punto de vista se compromete al recibir dinero de los actores sobre quienes escriben (Mar, 2012); sin embargo, ejercen la “autocensura” al escoger las notas que “sí entran” (López citado en Martínez, 2013).

2. Las “dádivas” en especie. Durante el sexenio del gobernador Fidel Herrera (2004-2010) esta estrategia se delineó con especial claridad. Se dice que el gobernador creó una falsa élite: “los subió a todos a un cargo de falso triunfalismo” (Bustos, 2013, p. 102).32 En la actual administración, la estrategia ha continuado en la medida de las posibilidades económicas del estado.33 Se les siguen pagando viajes a algunos periodistas al extranjero y rifando autos en los días de la libertad de expresión. Pero la élite de la que se habló en el párrafo anterior, ha desaparecido.34 Debido a la falta de recursos, las estrategias de control de medios tuvieron que modificarse, prefiriéndose la negociación directa con los dueños de los medios, de acuerdo a lo que De León (2012) ha estudiado para el caso de Aguascalientes.

3. Las “dádivas” políticas. Una de las formas que ha tomado el cohecho a medios y periodistas ha sido el otorgamiento de candidaturas políticas en los diversos partidos,35 a dueños, periodistas y ex voceros, sea por genuino interés político o como medida de protección frente a las acciones represivas en su contra, como lo expresó una periodista crítica que buscó una diputación en el partido de oposición.36 Por otro lado, borrando la línea entre políticos y periodistas, la misma ex directora de Comunicación Social, Gina Domínguez, es señalada como accionista de una estación de radio y un rotativo en la capital de Veracruz, incluso durante el tiempo que duró su ejercicio (Velázquez, 2013). Lo mismo ocurre con varios diputados que son dueños de periódicos.37 Para entender mejor esta dinámica es preciso hacer un análisis detallado de la propiedad de los medios en el estado que iniciamos en otra parte (Del Palacio, 2013). También es preciso abundar en la incursión de los políticos en el periodismo, cosa no poco frecuente y que por el momento se dejará de lado.

4. La “protección” a los periodistas a través de comisiones creadas ad-hoc. Los dos gobernadores cuyas administraciones se estudian aquí han intentado presentarse como defensores de los periodistas creando diversas instituciones de protección y ayuda que tienen poco éxito. Con ello esperan ganar el favor de los comunicadores y seguir fomentando el clientelismo y la simulación, brindando a cuenta gotas como una graciosa dádiva, lo que debería ser un derecho.

 

Cuando ocurrieron las primeras agresiones graves a los periodistas en el sexenio de Fidel Herrera, éste creó el 3 de mayo de 2006 una Comisión Estatal de Defensa de los Periodistas, e incluso una fiscalía especial con este mismo propósito; sin embargo, los casos resueltos fueron mínimos y menores. Javier Duarte, actual gobernador, reestructuró la Comisión en junio de 2012, pero su actividad ha estado envuelta en constantes escándalos por su ineficiencia y la falta de claridad en el manejo del presupuesto.38

 

Saturación

 

La paradoja en Veracruz, en términos de comunicación en los últimos años, es la aparente abundancia de información, incluso la saturación; sin embargo, ésta tiene como objetivo distraer la atención de la información verdaderamente relevante. Termina convirtiéndose en una farsa, un remedo de pluralidad y una burla a la libertad de expresión real.

Según nuestras cifras, para el año 2012 circulaban en Veracruz 61 diarios impresos en 19 ciudades, 23 semanarios, 3 revistas quincenales y un número difícil de precisar de periódicos digitales que aumenta día con día (Del Palacio, 2013). Actualmente (enero de 2015), fueron localizados 71 diarios en 19 ciudades del estado. En contraste, los lectores cotidianos de periódicos en Veracruz se reducen a 13.7% de la población, según la Encuesta de Capital Social Veracruz 2011.39

Como puede verse, la gran cantidad de periódicos (impresos y digitales) que circulan en el estado es leída por una mínima cantidad de personas y a veces por nadie. Recientemente, la entonces directora de Comunicación Social, Gina Domínguez, declaró que existe una gran cantidad de medios en el estado (habló de 1 400) y aseguró que “para todos hay todas las garantías para el ejercicio” (sic) (Velázquez, 2013). Es preciso recalcar que una buena parte de este número de medios –si realmente existe– es efímero, vive del subsidio del gobierno y carece de lectores. Se habla de algunos que solo circulan en el Palacio de Gobierno (Bustos, 2013; Mar, 2012; Ortega, 2012). Este tipo de medios es sin embargo, sumamente útil en los momentos en que el poder gubernamental quiere mandar un mensaje determinado: las plumas alquiladas reproducen como propio el boletín enviado por la administración estatal a fin de favorecer o denostar una causa o persona, incluso con las mismas palabras. Algo parecido ocurre con columnistas, articulistas y caricaturistas a sueldo en los periódicos más tradicionales que no logran escapar de esta política. En momentos de crisis, un solo titular se podrá leer en todos los periódicos de Veracruz anunciando la línea oficial, las mismas palabras figuran en columnas y artículos e incluso en cartas enviadas a la redacción por empleados a sueldo del gobierno, tanto en periódicos impresos como los portales digitales.40

En lo que respecta a los usos políticos en redes sociales utilizando la misma estrategia de saturación, la situación es similar, como veremos a continuación. En Veracruz, al igual que en otros lugares, han proliferado en tiempos recientes los hashtags (#) que hacen alusión a temas específicos en Twitter. Desde 2010, el #Reynosafollow se hizo famoso internacionalmente para difundir y comentar temas relacionados con incidentes de seguridad y zonas de riesgo en la ciudad fronteriza de Reynosa. En Veracruz surgieron casi de inmediato #Verfollow y #Xalfollow para Veracruz y Xalapa, dos de las principales ciudades, los cuales resultaron de mucha utilidad para conocer información sobre lo que pasaba en el momento mismo en que ocurría, contribuyendo en no pocos casos a mantener a la población lejos de los lugares de peligro. Sin embargo, durante 2011-2012 e incluso en 2013, cuando algún suceso específico no debía conocerse a juicio de los poderes fácticos, estos hashtags fueron colonizados por cuentas de usuarios falsos cuya principal función es saturar y desviar la atención, publicando insultos o información irrelevante (videos pornográficos, fotografías provocativas de actrices de moda), de tal modo que la verdadera información quedaba perdida en ellos. Actualmente los hashtags #Xalfollow y #Verfollow han perdido relevancia.

 

Prevalece el silencio

 

Concordamos con la afirmación de Artículo 19 (2013), en cuanto a que “El mismo proceso de descomposición (que en el noreste) empieza a verse al sur del litoral del Golfo, donde se vive un nuevo y hasta ahora exitoso ensayo de silenciamiento de medios” (p. 13).

A pesar de habérsele agrupado en la zona sureste, Veracruz está más cerca a las características de la zona norte por la cantidad de periodistas asesinados y desaparecidos, aunque el responsable mayoritario de la violencia contra los comunicadores es, como en los otros estados de la zona sureste, el gobierno y no el crimen organizado (Artículo 19, 2013).

Los mismos medios no han podido unirse para defender los espacios de autonomía, por lo que es importante hacer una revisión del lugar que han ocupado los periódicos al informar sobre los asesinatos de periodistas. Son muy pocos (Notiver, Plumas Libres) los que han mostrado una política de visibilización de los crímenes y un reclamo a las autoridades para que se hagan expeditas las investigaciones. En términos generales, los medios no han defendido a sus empleados y los han tratado con desprecio al no brindarles seguridad laboral y salarios muy precarios que muchas veces los han llevado a aceptar los obsequios de los gobiernos y el crimen organizado. La estrategia de criminalización de las víctimas por parte de las autoridades no es muy distinta a la que han tomado los dueños y compañeros de los medios.41 A esto se suma la existencia de muy escasos grupos de la sociedad civil organizada, asociaciones sindicales pasivas, agrupaciones de profesionales muy cercanas al gobierno de Veracruz e intelectuales amedrentados por los recientes ataques a la libertad de discusión de temas relacionados con la violencia. Es importante recalcar que al cumplirse un año del asesinato de Regina Martínez, un grupo de periodistas del puerto de Veracruz formó una asociación de Reporteros Veracruzanos Independientes (Castañeyra, 2013), que sin embargo, no ha sido visible hasta hoy.42 Las movilizaciones aumentaron también a raíz de los asesinatos de Gregorio Jiménez en febrero de 2014 y Moisés Sánchez en enero de 2015, con el apoyo de asociaciones de periodistas nacionales e internacionales. Son pocos los periodistas comprometidos con estas manifestaciones y sigue habiendo órdenes expresas por parte de los directivos de medios y de autoridades de no asistir a las marchas de protesta (Misión de Observación de Periodistas, 2014).43

 

A manera de conclusión

 

Hace falta un análisis profundo de cada uno de estos elementos y sus imbricaciones, una sistematización y clasificación de los diferentes medios que circulan hoy en el estado, un conocimiento más profundo de las rutinas y estrategias de sobrevivencia de los periodistas en un contexto profundamente corrupto donde las relaciones con los poderes fácticos son de dependencia, subordinación y muy pocas veces de negociación efectiva, y prácticamente nunca, de denuncia. Todo ello para entender mejor las relaciones entre prensa, poder(es) y violencia en el estado mexicano más peligroso para ejercer el periodismo hasta el día de hoy.

En este contexto, la sociedad veracruzana ha perdido el derecho a estar informada y tampoco lo ha exigido con contundencia, prefiriendo alimentarse del rumor –estrategia de comunicación representativa de los regímenes autoritarios– o permanecer en la ignorancia y la pasividad, mientras la violencia no les toque de cerca. Este fenómeno que es claramente atentatorio contra las libertades de expresión y el derecho a la información, no es ya privativo de Veracruz. Los informes de las asociaciones de periodistas para 2013 señalan la tendencia creciente del silenciamiento de medios en diversos lugares del país (Artículo 19, 2014a). Toca a los estudiosos de la comunicación brindar una reflexión informada y un análisis más profundo sobre este fenómeno que parecería desbordarse por la cantidad de información y datos que se están produciendo a enorme volocidad. Vaya el presente artículo como un intento de sistematización y recuento de hechos. En un segundo momento, se podrá proceder a un análisis más sistemático.

 

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Fecha de recepción: 02/04/14. Aceptación: 17/07/14.

1 Este trabajo forma parte del proyecto CB183625 “Violencia y medios de comunicación en Veracruz”, apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt), actualmente en proceso.

2 Universidad Veracruzana, México.

Correo electrónico: celiadelp@yahoo.com.mx

Juárez 126, Centro, C.P. 91190; Xalapa, Veracruz, México.

3 En el caso de Veracruz ni siquiera se ha reportado la incidencia delictiva (“Van 4,599 homicidios en el gobierno de Peña, señala diario”, 2013). Otro estudio informa que en el último semestre de gobierno de Felipe Calderón, Veracruz tuvo 231 homicidios vinculados al crimen organizado y en el primer semestre de Enrique Peña Nieto, éstos aumentaron a 240 (Guerrero, 2013). En lo que concierne a los delitos contra la libertad de expresión, por lo menos en Veracruz, durante el año 2013 y en los cuatro primeros meses de 2014, las agresiones no disminuyeron (Artículo 19, 2014b; Del Palacio 2014). En el panorama nacional, “La nueva estrategia de comunicación se ha centrado en desviar la cobertura de la violencia hacia una forzada agenda de consenso y criminalización de la protesta y voces disidentes” (Martínez & Vergara, 2013).

4 Para una explicación sobre “poderes fácticos”, véase Olvera (2012, pp. 121-148).

5 Se trata del “contraste” al que se refiere Rodelo (2009).

6 Hemos podido consultar los estudios correspondientes a Jalisco, Sinaloa, Sonora, Aguascalientes y algunos acercamientos a la prensa de Ciudad Juárez. Los informes 2012 y 2013 de Artículo 19 han sido particularmente útiles.

7 Se ha presentado en otro lugar una descripción más extensa del estado de los medios de comunicación en Veracruz, así como una primera aproximación a las representaciones de la violencia en los periódicos del estado (Del Palacio, 2013).

8 El análisis se realizó a través del método de semanas compuestas para los años 2011 a 2014.

9 Estos dos diarios son los que tienen mayor tiraje en la capital del estado. En Veracruz no existe un solo medio que pueda considerarse estatal, dada la descentralización y atomización de la producción mediática en el estado. Fueron localizados 70 diarios en 19 ciudades repartidas en las siguientes regiones: región Xalapa; región centro: Córdoba-Orizaba; región Huasteca y norte: Poza Rica-Tuxpan-Pánuco-Tantoyuca; región sur: Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan; región Veracruz-Boca del Río; región Tuxtlas-Cuenca del Papaloapan.

10 Alcalorpolitico.com y Plumas Libres, periódicos digitales más leídos del estado; El Heraldo de Xalapa, El Portal, ambos de la capital del estado; Notiver, Imagen del Golfo, del puerto de Veracruz; Notisur, El Liberal del Sur y el Órale! de Coatzacoalcos; La Opinión de Poza Rica.

11 Proceso, Sinembargo.mx, Animal Político, Periodistas de a Pie, Amnistía Internacional y Artículo 19.

12 Directores de medios, reporteros de nota roja, tanto de periodismo impreso como radiofónico y televisivo, fotorreporteros, columnistas y enviados especiales de medios nacionales.

13 Xalapa, Orizaba, Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos.

14 Por ejemplo los informes de Artículo 19, si bien presentan datos confiables y muestran la situación prevaleciente en general, no muestran de manera detallada las diferencias regionales al interior del estado.

15 Es imprescindible realizar un estudio antropológico que permita problematizar las situaciones ya naturalizadas de clientelismo entre periódicos y poder político en diversos lugares del país. Para un análisis de las prácticas periodísticas en su relación con el poder en México en las últimas décadas, véase el estudio de Hernández (2010).

16 Según el periodista Luis Miguel González, esto ocurre particularmente en las ciudades “de medio millón de habitantes para abajo”, y no así en ciudades más grandes como México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, que “son ciudades bastante modernas en términos de convivencia entre autoridades” y medios de comunicación (Hernández, 2010, p. 98). Una situación análoga se estudia en De León (2012) para Aguascalientes y en Martínez (2006) para Chiapas.

17 Me refiero al Diario de Xalapa, que circula en la capital del estado desde 1943; sin embargo, desde 1998, cuando pasó a manos de la Organización Editorial Mexicana, su línea informativa está plegada a las directivas del gobierno del estado. Lo mismo ocurre con El Dictamen, que se publica en Veracruz desde 1898, bajo la tutela de sus propietarios: la familia Malpica.

18 Notiver, del puerto de Veracruz, con un tiraje de 35 mil ejemplares diarios y una política de venta directa a los voceadores, que no reportan devoluciones; El Mundo en la zona de Córdoba-Orizaba, y el Diario del Sur en Acayucan (Del Palacio, 2013).

19 Se habla de que cada uno de ellos recibe entre 80 y 100 mil pesos (Martínez, 2013).

20 Aunque no se tienen cifras oficiales confiables sobre los homicidios dolosos en México en los últimos años, algunos datos publicados en diversos informes permiten afirmar que en 2011 hubo un incremento importante de este tipo de violencia en general en el país (Hope, 2013, p.19), y de manera particular en el estado de Veracruz: en diciembre de 2011 se dio a conocer como parte de una encuesta nacional, que en Veracruz se dispararon los asesinatos violentos en 2011. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía la mortalidad aumentó en Veracruz en ese año. Según este informe, se registraron 118% más muertes violentas en el estado que en 2010 (461 en 2010 y 1 005 en 2011) (inegi, 2012). El periódico Reforma informó que entre enero y julio de 2011 hubo un incremento de homicidios en Veracruz (381) en relación con el mismo periodo de 2010 (281), según datos de la Secretaría de Seguridad Pública (“Veracruz entre estados con más homicidios”, 2012). “El estado se encontraba ese año en el tercer lugar de los de mayor crecimiento de muertes violentas después de Guerrero y Nuevo León, al pasar de 51 asesinatos en 2010 a 490 en 2011, lo que significó un aumento del 960%” (Del Pozo, 2012, pp. 6-7). Otras fuentes hablan de que Veracruz ocupa el segundo lugar en fosas clandestinas y cuerpos exhumados en ellas, con un total de 144 entre 2010 y 2014 (Contreras, 2014).

21 Javier Duarte afirmó el 11 de marzo de 2014: “Hoy por hoy no hay extorsiones, no hay balaceras, no hay secuestro ... Veracruz se desarrolla en un ambiente de plenitud” (“No hay delitos de alto impacto en la entidad: Duarte”, 2014), y el 16 de octubre de 2014, él mismo afirmó ante la prensa: “Veracruz pasó de balaceras y homicidios a robo de frutsis y pingüinos en el Oxxo ...” (“Veracruz pasó de balaceras a robo de frutsis
y pingüinos”, 2014).

22 El caso extremo fue la publicación de una sola nota local, en medio de un promedio de 8 sobre otros lugares del país y publicidad, en enero de 2013. La cantidad de notas en la sección de nota roja de los periódicos de Veracruz bajó 26.13% entre 2010 y 2011, y aún más en 2012 y 2013: el estudio cuantitativo realizado para este proyecto muestra que en la sección de nota roja del Diario de Xalapa en 2010, hubo 356 notas; en 2011, 263; en 2012, 251, en 2013, 198 y en 2014, apenas 161. De acuerdo con estas cifras, se puede afirmar que Veracruz vive una crisis informativa sobre temas de seguridad.

23 En 2011, el gobierno estatal recogió los ejemplares de la revista nacional Proceso 1821 y 1822 para que no se supiera la magnitud de lo ocurrido en Boca del Río el 20 de septiembre, cuando 35 cadáveres fueron depositados bajo un paso a desnivel a la vista de todos. Los casos se repiten una y otra vez: la negación de la existencia de guardias comunitarias en Tlalixcoyan en marzo de 2013, es un ejemplo importante, ya que se llegó incluso a intentar hackear la página de la Revista Cuartoscuro donde se mostraban las fotografías de Félix Márquez (Zavaleta, 2013a).

24 Según el informe de la Asociación Mexicana de Internet (amipci, 2011), existían ese año 1.8 millones de internautas en Veracruz, es decir, 27.6% de la población de 6 años en adelante. Mientras que la Encuesta de Capital Social Veracruz 2011 hablaba de que 42.8% de la población de Veracruz tenía acceso a Internet (promedio 35.2% y en crecimiento). De ellos, 36.2% eran usuarios de las redes sociales. De éste, 62.8% usaba Facebook, 3.3% Twitter y 13.3% ambos. No pudo accederse a los datos por estados en las encuestas de amipci para los años de 2012 y 2013.

25 Incurriría en esta falta todo aquel que “por cualquier medio afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros, de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público ...” (“pri aprueba ‘Ley Duarte’; 4 años por tuitear rumores”, 2011).

26 “La violencia en sentido estricto, la única violencia medible e incontestable es la violencia física. Es el ataque directo, corporal contra las personas. Ella reviste un triple carácter: brutal, exterior y doloroso. Lo que la define es el uso material de la fuerza, la rudeza voluntariamente cometida en detrimento de alguien” (Jean-Claude Chenais citado en Blair, 2009, p.13, cursivas propias). Algunos autores llaman la atención sobre otros tipos de violencia, y esta diferenciación resulta útil también a nuestro trabajo, por lo cual la
retomamos: Es preciso “a) diferenciar entre la violencia de la sangre (la de los muertos), de aquella que Galtung llamaba la violencia estructural, contenida en situaciones de miseria y opresión; b) la violencia cotidiana, integrada en nuestra forma de vida, y c) la violencia espectáculo, que atrae la mirada y, a su vez, la desaprobación, y que caracteriza buena parte de la ambivalencia de la violencia que por un lado asusta, pero por otro fascina” (Jacques Sémelin citado en Blair, 2009, p. 14).

27 El llamado “chayote” (embute, coima, cohecho), para “convencer” a los periodistas y hacerlos dóciles, otorgándoles beneficios económicos, contratos publicitarios que no se hacen públicos e incluso puestos políticos.

28 Mientras que Chihuahua tenía 8%, Sinaloa 9%, Baja California 12% y el Distrito Federal 15% (Trinidad, Soto & Martínez, 2006, 42). Solo durante el año 2012, Artículo 19 documentó 207 agresiones (verbal, física, denuncias, psicológica, etc.) contra periodistas, trabajadores de la prensa e instalaciones de medios de comunicación en 25 diferentes estados de la República, 20.34% más de lo registrado el año anterior (35 casos más que en 2011). Esta misma agrupación había documentado entre 2007 y 2013 50 asesinatos a periodistas y 217 amenazas en todo el país (Artículo 19, 2013).

29 Durante 2012 se habló de manera informal de la existencia de una lista de sentenciados a muerte a los que el gobierno no podía proteger (Martínez, 2013). Ese año, siendo electoral, “Los grupos de poder en la entidad recurrieron a las amenazas veladas –a veces por conducto de oscuros funcionarios del gobierno– contra varios periodistas, de los cuales diez se vieron obligados a optar por salir temporal o definitivamente del estado” (Artículo 19, 2013).

30 A cargo de Gina Domínguez hasta febrero de 2014; el día 20 del mismo mes tomó posesión su sucesor, Alberto Silva Ramos, ex alcalde de Tuxpan. Esto ocurrió en un contexto sumamente complicado, justo después de la muerte de Gregorio Jiménez. Por las fuertes presiones de los medios nacionales e internacionales, el mandatario “entregó la cabeza” de Domínguez, hasta entonces intocable. Ella, más que otros funcionarios en esa misma oficina, repartió los fondos de manera discrecional e hizo las recomendaciones correspondientes a los medios no disciplinados.

31 No hay información de los años 2010 y 2011, la cual se presentó en ceros. Se dice también que la transparencia empeoró entre 2011 y 2012 (Ruelas & Dupuy, 2012). Para 2013, solo se entregó la cantidad destinada y la ejercida en la oficina de Comunicación Social, pero no la correspondiente a la publicidad oficial, tampoco se revelaron los destinatarios. Esta información se mantiene ilegalmente bajo reserva (Ruelas & Dupuy, 2014). El presupuesto ejercido en el año 2012 fue de 119 millones 350 070.40, 99% más de lo que originalmente se había presupuestado. Además, se reporta “una inconsistencia entre la información sobre el presupuesto general ejercido y la suma de proveedores. Son 60.7 millones de pesos que no se encuentran justificados” (Artículo 19, Fundar & Open Society Foundations, 2013).

32 El mandatario regaló a los periodistas autos, tarjetas de tiendas departamentales, prodigó otros favores como créditos para viviendas y facilitó becas a los que quisieron hacer cursos relámpago de periodismo en el extranjero.

33 La deuda pública estatal se calcula entre 42 y 76 mil millones de pesos (Briseño, 2013).

34 Incluso hubo una merma considerable en el presupuesto ejercido en Comunicación Social entre 2009 (369 millones 841 319.84) y 2012 (119 millones
350 070.40) (Artículo 19, Fundar & Open Society Foundations, 2013).

35 Se habla de una quinta parte de los 30 candidatos del pri y por lo menos una persona del Partido Acción Nacional (pan). Otros dueños de medios ya tenían puestos gubernamentales desde antes, así como notarías y otras prebendas (Zavaleta, 2013b).

36 Se trata de MaryJose Gamboa, quién aceptó la candidatura a una diputación del pan en Boca del Río (Martínez, 2013).

37 Un caso digno de mención es el del diputado y presidente de la comisión de protección a periodistas de la Cámara de Diputados, además de primo de la primera dama Karime Macías, Eduardo Sánchez Macías, dueño de El Heraldo de Xalapa y de varios otros rotativos en el norte del estado.

38 El 6 de junio de 2013 se publicó una entrevista con la secretaria ejecutiva de la Comisión para la Protección a Periodistas, Namiko Matsumoto, en la que se informa que 95% de los asuntos tratados por la Comisión habían sido resueltos. Sin embargo, estos casos son los siguientes: 33 casos fueron “gestiones”; 43, asesoramientos jurídicos; 14 solicitudes de atención y 5 medidas de protección (“Rinde informe presidenta de la Comisión Estatal para la atención y protección de los periodistas”, 2013) También informó su secretaria Rocío Ojeda, sobre las acciones de defensa (Zúñiga, 2013).

39 De los encuestados 13.7% afirmó leer periódicos a diario, 39.3% a veces y 27.1% nunca (Centro de Estudios de Opinión, 2011).

40 Información obtenida mediante entrevistas a periodistas A, B, C, D, E, de Xalapa, Veracruz, Coatazacoalcos, Orizaba (Del Palacio, 2013).

41 Entrevista a periodista A, B, C, de nota roja en Veracruz, Coatzacoalcos y Xalapa (Del Palacio, 2013).

42 Se sabe de intentos de formación de otras redes, como “Periodistas de a Pie de Veracruz”, con el apoyo de la organización homónima nacional, pero no se han realizado reuniones efectivas y prevalece la desconfianza. Entrevistas a fotorreportero A y periodista F en Veracruz y Xalapa (Del Palacio, 2013).

43 A pesar de que muchos contravienen dichas órdenes, las manifestaciones contaban hasta hace poco con escasa asistencia. Un hecho que detonó un mayor apoyo fue la desaparición primero y la confirmación posterior del asesinato de Moisés Sánchez; esto provocó manifestaciones en diversas ciudades del estado e incluso del país. Sin embargo, estas manifestaciones de apoyo causaron despidos como el de Sayda Chiñas en Coatzacoalcos (Comunicación personal con periodistas, 28 de abril de 2013 y marzo de 2014).

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Comunicación y Sociedad, Año 14, No. 30, septiembre-diciembre 2017, es una publicación cuatrimestral editada por la Universidad de Guadalajara, a través del Departamento de Estudios de la Comunicación Social, por la División de Estudios de la Cultura, del CUCSH Campus Belenes, Av. Parres Arias #150, Col. Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, México, Tel. (52-33) 38193362, http://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx, comysoc@yahoo.com.mx. Editor responsable: Gabriela Gómez Rodríguez. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo 04-2014-120517405800-203, ISSN: en trámite, otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número: Departamento de Estudios de la Comunicación Social, División de Estudios de la Cultura del CUCSH Campus Belenes, Av. Parres Arias # 150, Col. Belenes, C.P. 45100. Zapopan, Jalisco, México, Dra. Gabriela Gómez Rodríguez. Fecha de la última modificación 29 de agosto de 2017.

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