El Acuerdo para la Cobertura Informativa

de la Violencia en México: un intento fallido de autorregulación

The Agreement for News Coverage of Violence in Mexico:

a failed attempt at self-regulation

 

José Carlos Lozano Rendón1

 

El artículo analiza el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia firmado por 715 medios mexicanos en 2011. Concluye que los reportes difundidos por el Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia de mayo 2011 a febrero 2013 tuvieron un impacto muy escaso debido a su incapacidad de identificar a los medios que violaban el acuerdo y de aplicar sanciones o canalizar quejas y denuncias de incumplimiento por parte de ciudadanos, organizaciones u otros medios informativos.

 

Palabras clave: Cobertura de la violencia, medios informativos mexicanos, medios y cultura de la legalidad, medios y violencia, medios y narcotráfico.

 

The article analyzes the Agreement for News Coverage of Violence signed by 715 Mexican news outlets in 2011 and concludes that the reports issued by the Observatory of the Processes of Public Communication of the Violence from May 2011 to February 2013 had a very limited impact due to the inability to identify the media that violated the agreement and to implement sanctions or channel complaints and denouncements of non-compliance on the part of the citizens, organizations or other news outlets.

 

Key words: Violence coverage, Mexican news outlets, media and culture of legality, media and violence, media and drug trafficking.

Desde la declaración de guerra al narcotráfico por parte de Felipe Calderón al inicio de su gestión como presidente de México en 2007 hasta 2014, se habían contabilizado en el país –según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (inegi)– alrededor de 164 000 víctimas (“La violencia en México provoca más muertos que las guerras de Afganistán e Irak”, 2015). Durante estos años, México destacó en el nivel mundial como uno de los países con mayor índice de criminalidad, con cifras de asesinatos sin precedentes y con frecuentes denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Los medios informativos mexicanos ante esta violencia y la oleada criminal –derivadas de la encarnizada batalla por territorios y control de rutas de tráfico de drogas entre diferentes organizaciones criminales– se mostraron desde un principio erráticos e inconsistentes en su cobertura noticiosa. No se observó que hubiesen logrado establecer criterios claros y útiles para reportar y analizar las acciones de las autoridades en el combate al narcotráfico ni los excesos y violaciones a los derechos humanos y personales que realizaban.

Entre las razones que explican lo anterior se pueden enumerar al menos cuatro:

 

1. La ausencia de precedentes en la historia nacional del periodismo impreso y electrónico en la cobertura de este tipo de fenómenos.

2. La violencia contra periodistas y la falta de garantías por parte del Estado para ejercer su labor sin miedo a las represalias de los cárteles o del crimen organizado.

3. La debilidad y obsolescencia de los marcos regulatorios vigentes.

4. La inexistencia de un Consejo Nacional de Prensa (como los disponibles en otros países del mundo) que estableciera políticas comunes de autorregulación para todos los medios y tuviese capacidad de supervisar su funcionamiento o de recibir y procesar quejas de su incumplimiento por parte de ciudadanos u organizaciones (Hafez, 2002; Laitila, 1995).

 

En primer término se pudo advertir una confusión generalizada y una diversidad anárquica en la cobertura de los actos violentos y la delincuencia organizada por parte de los diferentes medios. Muchos de ellos –sin precedentes que les permitieran identificar la singularidad y diferencia de los sucesos actuales con los anteriores– decidieron seguir los patrones previos de cobertura de la nota policiaca tradicional, reportando con sensacionalismo y de manera descontextualizada cada evento individual. Como señala López Portillo Vargas (2004), la temática central de los medios informativos en México, desde inicios de los años noventa, se ha enfocado en el delito, la violencia y el temor, una agenda mediática de la inseguridad que ha experimentado un crecimiento exponencial:

 

Los medios urdieron una agenda que rebasó su capacidad para entender las implicaciones y consecuencias de la misma ... Nuestros medios no cuentan con el aparato teórico y empírico necesario para realizar lecturas rigurosas sobre el rol que juegan en la articulación de un tejido social seguro o inseguro (p. 22).

 

En este sentido pareció quedar claro que, a pesar de su intensa y estridente cobertura de la violencia, los informativos nacionales no habían aprovechado el potencial de propiciar cambios sustanciales en la justicia penal y en las instituciones de seguridad a través de su cobertura. Como menciona Varenik (2004), cuando la información se enfoca en las causas estructurales de corrupción y deficiencia en las instituciones policiacas de una manera sostenida, puede inclinar el balance de poder a favor de quienes proponen reformas de fondo. Al no centrarse en dichas causas estructurales, los medios desaprovecharon la oportunidad e incluso terminaron, consciente o inconscientemente, reforzando la legitimación de respuestas institucionales no apegadas a las garantías individuales y los derechos humanos.

Otra dimensión igual de importante han sido las amenazas a los periodistas y los riesgos que corren en la cobertura de la inseguridad. México aparece consistentemente en los listados de las naciones más peligrosas para los periodistas, en 2008 alcanzó el cuarto lugar en el mundo con mayor cantidad de homicidios de periodistas, por ejemplo (Reporteros sin Fronteras citados en Rodelo, 2009, p. 104), con 56 periodistas asesinados de 2003 a 2013 (Ríos, 2013 y según la Federación Internacional de Periodistas, en en los últimos 25 años han sido asesinados 120 (Registran 120 periodistas asesinados, 2016). Ante esta situación, los medios buscaron formas contrastantes de protegerse de los ataques y represalias de los narcotraficantes: desde omitir los nombres de los periodistas que cubrieron la nota o bien los nombres de los cárteles o de sus miembros, hasta los que decidieron dejar de informar por completo sobre cualquier hecho criminal.

Lo anterior se agrava debido a la ausencia de marcos legales actualizados y funcionales:

 

l La Ley de Imprenta fue promulgada en 1917 y aunque consagra ciertas garantías a la libertad de expresión y de imprenta, no ha sido modificada desde entonces, a pesar de las numerosas transformaciones de la sociedad y sus medios informativos.

l La Ley Federal de Radio y Televisión, expedida en 1960, excepto por diversas reformas incorporadas desde su expedición hasta 2012, no había sido íntegra y cabalmente actualizada. Su reglamento de 1973 fue tan general y vago en los criterios relativos a los contenidos que prácticamente resultó irrelevante en cuanto a la regulación de estos últimos (Trejo Delarbre, 2006). El nuevo reglamento, expedido en 2002, se concentró en las cuestiones técnicas y administrativas, los tiempos del Estado, etc., dejando sin modificaciones sustanciales los asuntos referentes a los contenidos.

l La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada apenas en 2014 (Diario Oficial de la Federación [dof], 2014), vino a representar, siete años después del inicio formal de la guerra contra el narcotráfico, un avance importante (Arellano, 2014) en comparación con las regulaciones anteriores, al establecer ciertos derechos de las audiencias, como la obligación de que los medios cuenten con códigos de ética públicos y con defensores de las audiencias (aunque aún está por verse qué criterios y requisitos exigirá el Instituto Federal de Telecomunicaciones [ift] en dichos códigos).

 

Pero quizá la cuarta razón ha sido la más importante para explicar el errático comportamiento de muchos medios informativos en su cobertura de la violencia. Dado el riesgo de dejar en manos de burócratas y funcionarios gubernamentales la decisión de supervisar y aplicar sanciones a los diarios y noticieros televisivos o electrónicos cuando
van en contra de regulaciones, derechos o leyes, en muchos países se han establecido diferentes versiones de consejos nacionales de prensa que constituyen verdaderos esfuerzos de autorregulación de los medios.

Con capacidad de dictar los criterios profesionales que deben aplicarse en la cobertura informativa por parte de todos los periodistas y organizaciones noticiosas del país y, más importante aún, de procesar denuncias y quejas específicas de ciudadanos y organismos, estos consejos han tendido a ser en diversos países, con las limitaciones del caso, eficientes y apropiados para delimitar estándares comunes, proteger la libertad de expresión y responder a coyunturas que ponen en entredicho la seguridad de los individuos o de la sociedad en general, así como el respeto a los derechos humanos y a los principios de presunción de inocencia y privacidad de los ciudadanos.

En México, sin embargo, nunca se ha establecido un Consejo Nacional de Prensa que funcione como en esos otros países. Reacios a someterse a cualquier tipo de organismo o institución ajena a ellos mismos, los medios han preferido, en el mejor de los casos, desarrollar sus propios códigos de ética profesional y manuales de estilo internos o, en el peor, funcionar sin ninguna guía explícita que oriente a su personal, con excepción de las decisiones coyunturales de los dueños o editores.

En marzo de 2011 –presionados tanto por amenazas y represalias del narcotráfico como por críticas ciudadanas y de organismos sociales por prestarse en ocasiones a fungir como voceros de los delincuentes al reproducir sus mensajes dejados en mantas y cuerpos– 715 medios informativos del país, liderados por Televisa, firmaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia (aciv). Deseosos de enviar un mensaje de responsabilidad y profesionalismo ante las preocupaciones de la opinión pública y quizá buscando genuinamente adoptar criterios comunes que coadyuvasen a una mejor cobertura de la violencia y el narcotráfico, los firmantes decidieron seguir el modelo colombiano del “Acuerdo para la Discreción” (Ortiz Leiva, 2001), más flexible y sin penalizaciones ni señalamientos a quienes no lo cumplieran, en lugar de optar por la creación de un Consejo Nacional de Prensa con atribuciones reales. Para monitorear y dar seguimiento al aciv, los firmantes apoyaron la creación del Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia (opcpv), el cual elaboró informes y emitió recomendaciones desde el inicio del aciv hasta diciembre de 2013.

El presente trabajo evalúa y discute los reportes del opcpv durante los casi dos años que duró en funcionamiento. Como hipótesis se asume que la misma naturaleza del aciv, voluntario y sin la participación de algunos de los medios informativos más importantes del país, propició el establecimiento de un observatorio que monitoreó su cumplimiento, sin identificar nunca a los medios específicos que violaban el convenio y sin capacidad de imponer sanciones, lo que impidió la aplicación de criterios y estándares comunes en la cobertura de la violencia y cambios sustanciales en la misma.

 

Motivos e intereses presentes en el Acuerdo

para la Cobertura Informativa de la Violencia

 

Como se expuso anteriormente, dos de las razones para que los medios firmaran el aciv fueron: por un lado, las amenazas y exigencias del crimen organizado; por otro las críticas ciudadanas y de organismos sociales a su cobertura sensacionalista y poco respetuosa de las víctimas y de los derechos humanos, así como la erosión de su credibilidad. El aciv, presentado el 24 de marzo de 2011 y liderado por Televisa, fue fir-
mado por 715 medios de comunicación de todo el país, entre periódicos diarios, revistas, cadenas televisivas y radiofónicas. Además del
grupo de medios constituido por Televisa signaron también tv Azteca, Radio Fórmula, Grupo acir, Grupo Imagen, periódicos como El Financiero, Excélsior, El Universal, Grupo Milenio y muchos medios más en el interior de la República.

En el texto del aciv los firmantes reconocen que, dada la situación sin precedentes por los niveles y las formas que había adoptado la violencia de la delincuencia organizada, los medios requerían de una estrategia que les permitiera continuar realizando su trabajo en un contexto de alto riesgo:

 

Los medios tenemos la responsabilidad de actuar con profesionalismo y de cuestionarnos sobre las implicaciones potenciales que tiene el manejo de la información. Por ello, todas las noticias que involucran a las organizaciones criminales deben apegarse fielmente a los hechos, al tiempo que provean elementos contextuales suficientes para su adecuada comprensión. Tratándose de estas noticias, los periodistas y sus casas editoriales debemos estar conscientes de que los hechos pueden tener como fin primordial convertirnos en instrumentos involuntarios de la propaganda del crimen organizado (opcpv, s.f.c).

 

El interés de los convocantes al aciv de dejar claro que lo que se suscribía era un pacto voluntario y nada más, se observa en el párrafo donde describen cómo buscan extender a otros medios informativos los criterios que algunos de ellos (se puede deducir que los más grandes) habían ido definiendo para cubrir adecuadamente el tema, salvaguardando al mismo tiempo la seguridad de sus periodistas. Se trataba, así, de expandir el intercambio de experiencias que ya se había dado entre estos pocos medios hacia los que no tenían los recursos para ello. Aunque se menciona la creación de un observatorio ciudadano para reportar sobre el apego de los medios a los criterios editoriales del convenio, el texto aclara que “Cada medio definirá sus propios procedimientos para verificar el cumplimiento del Acuerdo” (opcpv, s.f.c). La efectividad del intento de autorregulación del sector quedó así en manos de la buena voluntad de cada medio para cumplir o no los puntos del aciv.

Además de los 715 medios que firmaron el convenio, se adhirieron diversos organismos, expertos e intelectuales, como la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (itesm), Federico Reyes Heroles, Héctor Aguilar Camín, Homero Aridjis, Lorenzo Servitje, Alejandro Martí, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y muchos más.

La sinceridad del esfuerzo por parte de los signatarios, y en particular de Televisa como líder de la iniciativa, fue puesta en duda por diversos académicos, periodistas e incluso medios de comunicación. Algunos analistas políticos y periodistas acusaron a Televisa y demás medios convocantes de firmar el aciv con el único objetivo de responder a una petición directa de la presidencia de la República y manejar su imagen, sin tener intenciones reales de cumplirlo. Medios impresos tan respetados como los del Grupo Reforma, La Jornada, el semanario Proceso, el grupo mvs y El Diario de Yucatán decidieron no firmar el convenio, asegurando contar con criterios propios adecuados. El influyente diario nacional El Universal accedió por su parte a firmar, pero al mismo tiempo anunció la creación de un consejo asesor ciudadano para esos temas y explicitó sus propios criterios editoriales para la cobertura del crimen organizado y la violencia.

 

El contenido y los mecanismos del Acuerdo

para la Cobertura Informativa de la Violencia

 

El aciv plantea siete objetivos generales entre los que destacaban el proponer estrategias editoriales comunes para la cobertura informativa de la violencia, así como definir políticas para la protección de la identidad de las víctimas y la seguridad de los periodistas. Estos puntos se tradujeron en 10 criterios editoriales que identificaban la mayoría de los problemas más urgentes y relevantes en la cobertura informativa, como el no convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada, no prejuzgar culpables, cuidar a las víctimas y a los menores de edad, proteger a los periodistas y no interferir en el combate a la delincuencia (véase Tabla 1).

 

Aunque la mayoría de los puntos del aciv coincidían con aspectos similares planteados en códigos de ética periodística internacionales, se advierten muy genéricos y vagos frente a lo que se acostumbra explicitar en estos casos. Como instrumento de monitoreo de su cumplimiento, los firmantes aprobaron la creación del mencionado opcpv, el cual inició operaciones el 5 de mayo de 2011 con la participación de un grupo de académicos y periodistas: Héctor Aguilar Camín (escritor, columnista de Milenio y director de la revista Nexos en ese momento); José Carreño Carlón (ex director de la oficina presidencial de comunicación, ex coordinador del programa de comunicación en la Universidad Iberoamericana [uia] y columnista de diversos medios); Carlos Elizondo Mayer-Serra (profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas [cide], ex embajador de México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [ocde]); Saúl López Noriega (profesor-investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México [itam]); Federico Reyes Heroles (escritor y analista político), y Regina Santiago Núñez (directora de Consultores en Investigación y Análisis de Medios [ciam] y experta en monitoreo de prensa).

En su página web, aún vigente, el opcpv (s.f.a) menciona como su misión la siguiente:

 

El Observatorio, fruto de un ejercicio inédito de autorregulación entre más de 700 medios de comunicación, desempeña su tarea bajo el principio de respeto y defensa de las libertades informativas y de expresión, con el más firme compromiso en contra de cualquier forma de censura. El Observatorio analiza el proceso integral de comunicación pública de la violencia, en el cual participan además de los medios de comunicación, las fuentes informativas del gobierno, las bandas criminales y las audiencias. 

 

En tanto a su dinámica de trabajo, el opcpv contrató los servicios de la empresa independiente Eficiencia Informativa para que monitoreara de manera exhaustiva los contenidos de los medios firmantes del aciv y le entregara reportes periódicos. Sin embargo, las bases de datos, tablas y reportes que dicha empresa realizó entre 2011 y 2013 no se hicieron públicos en la página web del opcpv, impidiendo tanto a los miembros y adherentes, como al público en general, revisarlos y evaluar el cumplimiento de cada medio por separado. El comité asesor, por su parte, publicó en su página web siete informes (opcpv, 2011a, 2011b, 2011-2012, 2012a, 2012b, 2012c, 2012-2013). Estos informes resumen las tendencias observadas en los meses monitoreados, señalan deficiencias y ofrecen recomendaciones tanto a los medios como al gobierno, pero siempre en un tono general, sin mencionar medios de comunicación específicos y sin incluir bases de datos o tablas estadísticas. En la sección de dinámica de trabajo, el opcpv aclara que cuando alguno de los miembros del consejo considerara que uno o varios medios no se habían apegado a los puntos del aciv, se buscaría dialogar “de forma individual, medio por medio, y de manera privada” (opcpv, s.f.b). Queda claro, así, que una de las políticas básicas establecidas por los medios firmantes al crear el opcpv, fue evitar que el público en general pudiese identificar a los infractores del aciv y que tuviese las herramientas a la mano para evaluar su desempeño. Este criterio, sin embargo, no se aplicó a las autoridades, pues en cada uno de los informes, en contraste con la protección de los nombres de los medios infractores, se mencionan las dependencias federales, estatales o municipales específicas que informaban inadecuadamente sobre la criminalidad o la violencia, así como los nombres de sus funcionarios o encargados.

Aunque había una sección para comentarios de los visitantes al sitio llamada “participación ciudadana”, no existía un mecanismo formal para la presentación de quejas de incumplimiento de los puntos del aciv ni un procedimiento de atención a las mismas por parte del opcpv, como sí ocurre normalmente en los consejos de prensa nacionales en distintos países del mundo. No se observó, tampoco, que los miembros del opcpv hayan dado respuesta a ninguna de las participaciones ciudadanas, al menos no en forma pública, pese a observarse preguntas explícitas dirigidas a ellos.

 

El impacto del Acuerdo para la

Cobertura Informativa de laViolencia

 

¿Qué grado de cumplimiento presentaron los medios informativos que se adhirieron al aciv a un año de su firma?

Desafortunadamente, la incapacidad del opcpv para presentar tablas estadísticas sobre el seguimiento de cada criterio por parte de los medios informativos específicos, impide evaluar adecuadamente su impacto en la cobertura informativa del crimen organizado y la violencia. Entre mayo de 2011 y febrero de 2013 el consejo asesor publicó, como ya se ha mencionado, siete informes sobre la cobertura, cada uno de ellos reportando el grado general de observancia de los medios firmantes, agrupados por tipo (impresos, televisivos, radiofónicos) y aportando porcentajes de cumplimiento en solo algunos de los puntos del convenio. En ninguno se señalan nombres de medios informativos específicos ni se aclara cuántos periódicos, noticieros televisivos o radiofónicos habían incumplido. La mención por separado de cada grupo de medios, la ausencia de tablas estadísticas que resumieran la información y los diferentes puntos del aciv discutidos para cada bloque de medios, hicieron muy difícil y laboriosa la identificación de las tendencias presentadas en los meses analizados.

A pesar de lo anterior, los siete informes permiten observar algunos de los puntos menos cumplidos durante sus casi dos años de vigencia. La Tabla 2 busca resumir las infracciones encontradas por el opcpv durante el primer año del aciv, así como los aspectos con más inobservancia entre los señalados en su decálogo.

 

En primer lugar, el punto del aciv con la mayor cantidad de infracciones parece haber sido el número 2 del decálogo, referente a que los periodistas no deben convertirse en voceros involuntarios de la delincuencia organizada. En los cuatro rubros que constituyen este inciso, el opcpv reportó los siguientes casos de incumplimiento: utilización de lenguaje y terminología empleados por los delincuentes (20); uso inadecuado o complejo de términos jurídicos (6); asignación de atributos favorables o positivos a delincuentes o presuntos delincuentes (4), y cobertura de mensajes de los delincuentes con propósitos propagandistas, como mantas, cuerpos mutilados o torturados (21). En total, en el año analizado, el opcpv expuso al menos 51 instancias en las que varios medios miembros del aciv (sin precisar cuántos) habían caído en tales errores.

El segundo punto más desatendido fue el número 5, relacionado con respetar la presunción de inocencia. Sin dejar de criticar a las autoridades por su manera de presentar a los detenidos y de referirse a ellos, el opcpv hizo mención a 19 casos en los que los medios habían reproducido el discurso oficial, o por voluntad propia habían calificado a detenidos como miembros de un grupo delictivo.

En el tercer lugar, se puede identificar el número 6 del decálogo, en cuanto a cuidar a las víctimas y los menores de edad. Los informes reportaron 10 instancias en las que la cobertura había puesto en riesgo a las víctimas al dar información sobre sus nombres, domicilios, ocupaciones profesionales o imágenes con sus rostros visibles y 6 casos en los que los medios habían aceptado, sin cuestionar la versión oficial, que las víctimas eran miembros de grupos delictivos.

En cuarto lugar aparece el punto número 3, dedicado al tema de dimensionar adecuadamente la información, proporcionando el contexto, evitando basarse solo en fuentes gubernamentales y yendo más allá del suceso coyuntural para relacionarlo con tendencias más amplias y complejas. En este rubro, el opcpv realizó 14 menciones de incumplimiento.

Por último, los informes insistieron en señalar reiteradas omisiones de diversos medios, mayormente impresos y radiofónicos, respecto del punto sobre protección a los periodistas, al firmar sus notas o al identificar el nombre del corresponsal que se encontraba reportando desde el lugar de los hechos.

Dada la limitación inicial impuesta por el aciv al opcpv de no identificar los nombres de los medios infractores al señalar los incumplimientos, fue imposible determinar si las transgresiones eran cometidas reiteradamente por ciertos medios de comunicación específicos o por diferentes en cada ocasión. Tampoco pudo saberse si los medios inobservantes de un evento particular, habían corregido su postura en incidentes posteriores o si se habían mantenido igual; dato fundamental para evaluar el impacto del aciv o de su opcpv.

Lo que sí queda claro al analizar los informes es que el incumplimiento a ciertos puntos del aciv fue constante y extendido en una buena cantidad de medios informativos miembros. En los últimos informes, de hecho, no se advierte una disminución significativa en los incidentes de inobservancia, lo cual parece evidenciar la ineficacia de un organismo supervisor sin potestades para exigir modificaciones, sancionar a los infractores o por lo menos exhibirlos públicamente.

El séptimo y último informe, dedicado a la cobertura de los tres primeros meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, reportó la disminución significativa de la cobertura de la violencia y el crimen organizado en la mayoría de los medios informativos. En sus conclusiones parece criticar la sumisión de los informativos mexicanos a la nueva política gubernamental de no prestar tanta atención a la violencia. El informe recomendaba a los medios de comunicación:

 

Mantener la publicación de información relacionada con la violencia asociada con delitos de delincuencia organizada, acorde con su impacto social … La no publicación de notas sobre el tema abona a la impunidad, pero no desaparece la violencia (opcpv, 2012-2013).

 

Más adelante, critica implícitamente que mientras Peña Nieto hablaba sobre violencia y narcotráfico en otros países, evitaba hacerlo en México. El resto del reporte se refiere a la cobertura de incidentes violentos específicos en distintas partes del país, en el mismo tenor que los reportes anteriores.

A pesar de tener un enfoque y una muestra de medios diferente, los monitoreos del Observatorio de Medios de Comunicación y Cultura de la Legalidad (omccl) del itesm, realizados durante casi el mismo periodo, resultan útiles para evaluar el desempeño de algunos de los medios que firmaron el aciv. Basado en la identificación de menciones útiles en el refuerzo o promoción de ocho principios fundamentales de la cultura de la legalidad en el contenido de las noticias sobre el crimen organizado y la violencia, el omccl tuvo la ventaja de identificar y comparar a medios informativos específicos entre sí con base en gráficas y datos estadísticos (Martínez, 2014).

La Tabla 3 muestra el comparativo de cumplimiento de algunos periódicos y noticieros televisivos nacionales y locales –todos firmantes del aciv– en relación con la inclusión de referencias a principios de cultura de la legalidad que se pueden vincular con varios de los puntos del convenio. El primer aspecto, sobre si las notas monitoreadas incluían menciones de denuncia o condena hacia la delincuencia, se relaciona con el primer punto del aciv relativo a “tomar postura en contra” (opcpv, s.f.c). Como se puede observar en la Tabla 3, solo el periódico El Universal (con criterios editoriales propios elaborados por un consejo ciudadano) parecía seguir políticas claras para la inclusión de este tipo de menciones, a través de declaraciones de sus fuentes entrevistadas o de los propios redactores de las noticias. Los medios menos aludidos en este rubro fueron los noticieros regionales de Televisa y tv Azteca, promotores del aciv, en Monterrey y Guadalajara, dos de las ciudades con más incidencia de violencia y crimen organizado. En general, fuera de El Universal, el Noticiero Hechos de tv Azteca con Javier Alatorre, en un segundo lejano lugar, y el periódico Excélsior en un tercero; el resto de los medios informativos parecía no dar ninguna importancia a este rubro.

 

Los puntos 2 y 3, relativos a la mención dentro de las notas sobre las normas o leyes que se violaron o que deben de aplicarse al evento en cuestión y a referencias específicas sobre la necesidad de respetar la ley, pueden igualmente relacionarse con el apartado 1 del aciv, así como el 4: “Atribuir responsabilidades explícitamente”, y el 7: “Alentar la participación y la denuncia ciudadana” (opcpv, s.f.c). Menos de la mitad de los medios monitoreados incluía menciones explícitas que ameritaran aludir a leyes o normas aplicables al caso concreto del que trataba la nota. Dos noticieros nacionales, así como dos periódicos, sobrepasaron apenas 50% del total de sus noticias con referencias explícitas suficientes, ofreciendo a sus audiencias recordatorios sobre el contenido de las leyes en juego en los incidentes reportados. La ausencia de políticas editoriales favorables a dichos aspectos era aún más notoria cuando se trataba de aludir en el contenido de las noticias la necesidad de respetar la ley al enfrentar y combatir al crimen organizado y su violencia. En este rubro, solamente el noticiero nacional de tv Azteca y el periódico El Universal tuvieron un buen desempeño.

El tema 4 monitoreado por el omccl sobre comentarios a la necesidad o importancia de brindar apoyo material y psicológico a las víctimas de la violencia (o denuncias a su incumplimiento por las autoridades), se puede relacionar con el punto 6 del aciv relativo a “Cuidar a las víctimas y a los menores de edad” (opcpv, s.f.c), aunque no se incorpora así explícitamente. El monitoreo de una semana natural de septiembre de 2011 por parte del omccl sobre este aspecto, mostró un escaso cumplimiento en la gran mayoría de los medios, con varios noticieros televisivos en ceros en la categoría de menciones suficientemente explícitas.

El omccl incluyó una categoría idéntica a la de “No prejuzgar culpables” del aciv. Como ha señalado Lara Klahr (2004), en la nota roja de los medios informativos mexicanos “sigue vejándose a los ciudadanos, violándoseles sus derechos humanos y sus garantías constitucionales, reproduciéndose las versiones institucionales sin mayor verificación y sin considerar todas las voces” (pp. 66-67). En este rubro, el omccl parece coincidir con los informes del opcpv en cuanto al constante incumplimiento de los medios firmantes del aciv. La Tabla 3 muestra que los noticieros televisivos con mayor grado de infracciones al principio de presunción de inocencia fueron dos nacionales (tanto el de Joaquín López Dóriga como el de Javier Alatorre) y dos regionales (Televisa en Monterrey y tv Azteca en Puebla). Curiosamente, el medio con mayor cumplimiento en este punto fue el noticiero regional de tv Azteca en Monterrey, seguido de los periódicos El Universal y Excélsior.

Un último aspecto compatible entre el omccl y los puntos del aciv es el referente a si la nota proporcionaba un contexto adecuado para dimensionar la información. La Tabla 3 muestra un cumplimiento muy variado en este sentido, con la mitad de los medios apegándose a este criterio en más de 60% de sus notas, y la otra mitad con porcentajes de entre 17% y 58%.

Lo que queda claro al ver estos datos y compararlos con los derivados de los informes del opcpv creado por el aciv es la clara inconsistencia de los medios firmantes en el cumplimiento de los puntos del convenio. Da la impresión, al ver cómo un mismo medio cumplía con creces unos criterios pero omitía abiertamente otros, que más que cumplir el aciv, reaccionaban en su cobertura de la inseguridad, ya fuese con políticas propias o de manera anárquica, sin revisar ni buscar la aplicación de las diferentes recomendaciones establecidas y firmadas por ellos mismos. Resulta evidente, así, que los intereses económico-políticos de los medios y sus condicionantes estructurales seguían siendo los principales móviles en su actuación y en su cobertura de la violencia. Por un lado las políticas neoliberales de los gobiernos mexicanos que han favorecido el funcionamiento de las industrias de medios en términos semimonopólicos, así como de regulaciones y políticas completamente favorables a su desempeño comercial (Gómez, 2008), y por otro las incontables relaciones explícitas e implícitas entre los medios y la clase política mexicana (Galarza, 2014), parecerían proporcionar explicaciones más completas y contextualizadas a su comportamiento en dicha cobertura.

 

Ventajas y desventajas del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia y su aplicación

 

No cabe duda que frente al antecedente en México de una ausencia o escasez de políticas editoriales y códigos comunes de ética en la cobertura del crimen organizado y la violencia, el aciv representó un paso adelante. La experiencia en los países más avanzados –como los europeos– con una prensa más libre e independiente y sus consejos nacionales de prensa que establecen criterios editoriales comunes y códigos de ética que todos los medios informativos deben cumplir demuestra que la existencia de acuerdos comunes no tiene por qué violentar ni limitar la libertad de expresión ni la independencia editorial. Mientras cada uno de los preceptos cumpla con los valores profesionales consensuados por los medios y los periodistas, promoviendo la libertad de expresión desde una perspectiva compatible con la salvaguarda de los derechos humanos de los actores noticiosos, el respeto a la presunción de inocencia y a las víctimas de la violencia, entre otros, no habría por qué rechazar estas iniciativas. De hecho, la autorregulación en cualquiera de las industrias o profesiones requiere precisamente de consensuar ciertos lineamientos de comportamiento y función generados por sus propios miembros, y que vayan más allá pero no en contra de la legislación vigente, y del establecimiento de un ente que cuente con cierta autoridad y que pueda ejercerla (Aznar, 1999, pp. 14-16). Por supuesto, en el caso mexicano, un paso previo a la creación y funcionamiento de consejos de prensa tendría que ser indiscutiblemente la revisión y actualización de leyes, reglamentos y regulaciones oficiales sobre, entre otros: el derecho a la información y su debido proceso, así como un Estado de derecho que las supervise y aplique de manera efectiva. Sin estos marcos legales sólidos y democráticos no pueden concebirse consejos de prensa efectivos (Laveaga, 2006). La exigencia a los medios de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (dof, 2014) de establecer códigos de ética y designar defensores de la audiencia, sin duda, representa un paso importante para establecer los marcos jurídicos indispensables para la posterior acción de consejos de prensa o códigos éticos que sean más efectivos y útiles que el aciv.

Respecto de la relación del aciv con el gobierno y los temores de que fuera resultado de una solicitud presidencial, los reportes parecen sugerir un buen grado de independencia. Cada uno de los siete informes relativos al funcionamiento del convenio inició planteando duras críticas a formas, procedimientos y estrategias de funcionarios federales y de otros ámbitos al proporcionar información a los medios; por violentar principios de presunción de inocencia, de cuidado de las víctimas; debido al uso de lenguaje y terminología empleado por los delincuentes; por omitir datos, así como muchas otras deficiencias. Irónicamente, más bien se podría criticar al opcpv del aciv por no haber seguido en el caso de las autoridades las mismas políticas de discreción absoluta que empleaba cuando eran los medios firmantes los que incumplían puntos del convenio. Por supuesto, lo ideal hubiera sido, en aras de la transparencia y de una mayor eficacia del opcpv, no que ocultaran los nombres de funcionarios o dependencias, sino que identificaran en sus reportes a los medios infractores para incrementar la presión sobre ellos y detectar casos crónicos de incumplimiento.

Tampoco los puntos específicos del aciv parecen haber ido en contra de ninguna de las directrices comunes en los códigos de ética internacionales (Nordenstreng, 1995; Nordenstreng & Heinonen, 2008; Pöttker & Starck, 2003). Muchos de ellos destacaban claramente la exigencia de respetar los derechos humanos de víctimas y delincuentes; no depender exclusivamente de fuentes gubernamentales; solidarizarse con los medios amenazados, etc., y que de aplicarse hubiesen contribuido enormemente a mejorar la cobertura periodística sobre crimen organizado y la violencia en el país. En todo caso, lo que se podría haber criticado de algunos puntos es su carácter demasiado general y vago, lo que impidió derivar acciones concretas e indicadores de cumplimiento más claros.

Dos son, sin embargo, los puntos que parecen más cuestionables del aciv:

 

1. La ausencia de mecanismos formales de ventilación de quejas de ciudadanos, organismos o incluso otros medios al incumplimiento de los puntos acordados.

2. La inexistencia de atribuciones formales del opcpv (establecido por ellos mismos) para obligar a los infractores a cumplir el acuerdo, y/o su incapacidad de hacer públicos y transparentes los nombres de los medios o periodistas que se apartaron de él.

 

La autorregulación de una industria, sin lo anterior, termina por ser un listado de buenas intenciones que pueden incumplirse cuantas veces se desee sin que haya consecuencia alguna para quienes contravienen los preceptos acordados. El que el aciv haya representado un paso adelante en el caso mexicano, donde históricamente cada medio ha seguido sus propias políticas e intereses anteponiendo en muchos casos lo económico al interés social, no significa que haya sido suficiente. La gravedad de la situación de criminalidad y violencia que presenta México requería mucho más que ese pequeño paso de buenas intenciones con base en acuerdos cuya inobservancia no implicaba ningún riesgo. El aciv podría haber representado un correctivo importante a la prevalencia de una mentalidad gremial entre los reporteros y periodistas de muchos de los medios mexicanos con un Estado autoritario y un sistema de justicia penal abusivo. Los resultados de este trabajo, así como las conclusiones de Gómez Rodríguez (2012) en su análisis del periódico Milenio Jalisco, muestran que los firmantes del aciv continuaron cubriendo la violencia producto del crimen organizado con sus propios criterios y sesgos editoriales y que no parecieron tomar en cuenta los lineamientos establecidos en el convenio.

El propio opcpv, en uno de sus informes, señala claramente la función que le correspondía a los medios informativos cumplir con el aciv en contextos como los que vive el país:

 

El Observatorio apela a un periodismo inspirado en los enfoques de la responsabilidad social de los medios y los periodistas, a un periodismo cívico, un periodismo de paz y sensible al conflicto, con una perspectiva de derechos humanos (incluidos los de las audiencias, las libertades de información, los derechos del debido proceso y los de personalidad), un espíritu que favorezca la transformación pacífica de los conflictos y la cultura de legalidad … (opcpv, s. f.).

 

Si, como es deseable en una democracia, se busca una autorregulación del sector que evite mayor injerencia de las autoridades y menor insatisfacción de los ciudadanos o pérdida de credibilidad ante ellos, es necesario crear políticas y organismos presididos y conformados por los propios medios y periodistas, que tengan la capacidad de regular realmente su quehacer profesional al tiempo que salvaguardan tanto las libertades de expresión y de información como los derechos humanos de los actores a que se refieren sus notas. Si para lograr lo anterior primero se requieren marcos regulatorios y Estados de derecho que proporcionen una plataforma básica sobre la cual se pueda ejercer la autorregulación, las exigencias a los medios en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (dof, 2014) de expedir códigos de ética que protejan los derechos de las audiencias y de contar con un defensor del lector, podrían ser un importante, aunque aún insuficiente, primer paso.

 

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Fecha de recepción: 14/05/2015. Aceptación: 17/07/2015.